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Miguel Puello: “Pablo Ulloa y yo tenemos diferencias”

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Responde al Defensor. El segundo suplente del Defensor del Pueblo dice que Pablo Ulloa procura desviar atención sobre contradicción existente entre ambos sobre visión estratégica para dirigir al Defensor del Pueblo.

Santo Domingo, RD

El segundo suplente del Defensor del Pueblo, Miguel Puello, consideró que el titular de esa institución, Pablo Ulloa, procura desviar la atención de la contradicción principal que existe, con su declaración de que éste “desconoce el rol constitucional del órgano y la Ley 19-01 que crea el Defensor del Pueblo”. 

Le sugirió que haga un alto en el camino, tras expresar que el Defensor del Pueblo es una institución reciente, sana, de poco reconocimiento social, que está llamada a jugar un importante rol en la defensa de los derechos de las personas como seres humanos en su relación con el Estado y los proveedores de servicios públicos.

“Hagamos todos esfuerzos por unir nuestras capacidades y voluntades y trabajemos para convertir al Defensor del Pueblo en una institución sólida de reconocimiento y respeto en la sociedad dominicana”, recomendó.  

Ratificó que las diferencias consisten en que Pablo Ulloa entiende que el Defensor del Pueblo es unipersonal, contrario a la posición suya, que afirma que la institución que crea la Ley 19-01 es colegiada.

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“No hay ninguna duda de que el señor Pablo Ulloa y yo tenemos diferencias en la visión estratégica de cómo fortalecer al Defensor del Pueblo, la forma de cómo administrar los recursos de la institución provenientes del presupuesto nacional, recursos obtenidos por el Estado de los impuestos que con mucho sacrifico son pagados por los ciudadanos”, señaló Puello en un comunicado de prensa enviado a Listín Diario.

Señaló que en lo que respecta al rol de los suplentes, si bien es cierto que tiene como función suplir las ausencias del titular, la Ley 19-01 también establece en el artículo 7, que los suplentes al igual que los adjuntos tienen prerrogativas y obligaciones idénticas a las del defensor del pueblo.

Planteó que el titular del Defensor del Pueblo, por mandato de la ley y su condición de funcionario público, tiene la obligación de mantener informado sobre las actuaciones y las decisiones administrativas a los demás miembros, cosa que nunca ha hecho el Defensor del Pueblo. 

Consideró que el Defensor del Pueblo no puede ajustar a sus conveniencias personales la ley y mucho menos hacer uso de forma inadecuada de los recursos de la institución. 

“En lo que respecta a mí, nunca le he solicitado nada personal, no tengo amigos, ni familia laborando en la institución, le he reclamado informes sobre el manejo administrativo y que me permita ejercer las funciones que tengo como segundo suplente y defensor delegado y por eso es su enojo conmigo, porque él entiende que nadie le puede pedir que actúe con transparencia”, expresó.  

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Controversia

El 31 de agosto, Puello publicó un enfoque en este diiario, en el cual evidenció la controversia entre Deferensores del Pueblo; es decir, con él como segundo suplente y el titular del Defensor del Pueblo.

“Hay personas que se pasan la vida predicando una filosofía moralista y exigiéndole a otros el cumplimiento de sus obligaciones basados en valores éticos y morales; sin embargo, cuando les toca administrar o dirigir instituciones públicas actúan contrario a sus prédicas llenando de frustración a quienes confiaron en ellos”, escribió Puello.

Asimismo planteó: “Cómo me puedo quedar tranquilo si el amigo Pablo Ulloa durante todo un año de gestión no ha convocado una sola reunión con los funcionarios que el legislador le confió la responsabilidad de dirigir al Defensor del Pueblo (El titular como máxima figura del Defensor del Pueblo, los dos Adjuntos y los dos Suplentes)”. 

Consideró penoso que a un año de gestión en esa institución, sus funcionarios  nunca se han reunido.

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Defensa

Falta consenso entre defensores

Informe.

Nunca se han reunido para recibir un informe sobre los activos y pasivos de la gestión que encabezó la doctora Zoila Martínez.

Situación.

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Los funcionarios electos, escogidos y juramentados por el poder legislativo no sepan cuál es la situación económica del Defensor del Pueblo.

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