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Política

Fiscal general Perú acusa a presidente Castillo, que afirma se busca un golpe de Estado en su contra

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Por Marcelo Rochabrun y Marco Aquino

Nueva batalla legal cuando el fiscal general de Perú desafía al presidente Pedro Castillo© Reuters/ANGELA PONCE

LIMA, 12 oct (Reuters) -La fiscal general de Perú presentó el martes una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo, abriendo una nueva batalla legal que las fuerzas de la oposición esperan que pueda llevar a la destitución del líder izquierdista.

Castillo encara cinco investigaciones, entre ellas por los presuntos delitos de tráfico de influencias, obstrucción a la justicia, de dirigir una organización criminal y hasta de plagio de su tesis de maestría de profesor.

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Las denuncias incluyen a la esposa del mandatario y a su cuñada, quien actualmente cumple prisión preventiva por 30 meses, en la mayor escalada en las investigaciones fiscales.

Aunque algunos legisladores han dicho que quieren lanzar un tercer intento de destitución pero han reconocido que no tienen los votos necesarios, lo que por ahora mantiene a Castillo con cierta firmeza en el poder.

Algunos, sin embargo, creen que la denuncia constitucional podría llevar a la suspensión de Castillo con menos votos en el Congreso, controlado por la oposición, que una votación formal de destitución o vacancia.

Pero el primer ministro, Aníbal Torres, dijo que la denuncia constitucional es inconstitucional por sí misma, sentando las bases para una batalla legal sobre los límites del mecanismo.

Castillo niega cualquier delito y en la noche del martes afirmó que cumplirá con su mandato, que finaliza en 2026.

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En una rueda de prensa con periodistas extranjeros, el mandatario calificó la denuncia constitucional -así como los allanamientos y detenciones que tuvieron como objetivo a sus aliados más temprano en la jornada- como un "golpe de Estado" orquestado por la Fiscalía General.

En la que fue su primera rueda de prensa desde que asumió el poder, Castillo sostuvo que cuando recorre el interior del país el pueblo le dice que cierre el Congreso, pero que él es "un demócrata". Además, manifestó que "Nosotros vamos a garantizar la estabilidad económica y dar plena confianza a los inversionistas".

La Fiscal General Patricia Benavides dijo que los investigadores hallaron "graves evidencias" de que existe una organización criminal encabezada por el presidente por lo que se presentó la denuncia por la "presunta organización criminal".

Los presidentes en Perú cuentan con inmunidad y normalmente no pueden ser acusados de delitos criminales. La denuncia constitucional representa un paso relevante para levantar esa restricción, en una de las medidas más agresivas tomadas contra Castillo desde que llegó al poder en julio de 2021.

Los fiscales, que acusaron también a ex ministros de estar implicados en prácticas de corrupción, indagan a legisladores de un partido centrista del Congreso, dominado por la oposición, por supuestamente beneficiarse con obras públicas y colocar a funcionarios en puestos clave, a cambio de apoyar la gestión del mandatario.

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Castillo enfrenta varios escándalos y ha sobrevivido a dos intentos de juicio político en el fragmentado Congreso. El mandatario rechaza hechos de corrupción y ha acusado a los fiscales de ser cómplices de grupos de poder que buscan su destitución.

ALLANAMIENTO

Más temprano en la jornada, la fiscalía de Perú, junto a la policía judicial, inició un amplio operativo en Lima y otras ciudades del país. El jefe de Estado reaccionó con indignación a la intervención de las autoridades, que involucró la vivienda de un familiar cercano en la capital.

"La Fiscalía ha ingresado a la casa de mi hermana. Mi madre se encuentra ahí. Este acto abusivo ha afectado su salud. Responsabilizo a la Fiscalía de la Nación por la salud de mi señora madre", había dicho Castillo por Twitter.

La madre del mandatario sufrió una descompensación y fue trasladada a un hospital de Lima, según la estación televisiva Canal N.

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Uno de los abogados de la familia presidencial, Eduardo Pachas, confirmó a periodistas la hospitalización y calificó el allanamiento como "ilegal". "Las pruebas que han sacado no tienen ninguna relación con los hechos investigados", refirió.

La intervención de la fiscalía incluyó asimismo el allanamiento de viviendas de seis funcionarios y amigos de Castillo. Uno de ellos había prestado su domicilio al mandatario cuando llegó al poder para supuestamente concertar con empresarios obras públicas, según la fiscalía.

Cinco de ellos fueron detenidos, entre ellos Auner Vásquez y Biberto Castillo, quienes trabajaban directamente en el Palacio de Gobierno de Perú, donde funciona la oficina del presidente, dijo una fuente de la fiscalía.

Darwin Espinoza, uno de los legisladores cuya oficina fue intervenida, dijo que la fiscalía está haciendo caso a "chismes" para hacer acusaciones. Como parte de las investigaciones, la fiscalía recibió informaciones de colaboradores que han estado involucrados en las denuncias y que comprometerían a legisladores, a cambio de redenciones de posibles condenas.

(Reportes de Marco Aquino, Marcelo Rochabrun y Carolina Pulice. Reporte adicional de Marion Giraldo. Editado por Juana Casas/Daniela Desantis/Javier Leira)

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