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Caso Cattleya: Jueza se reserva fallo de medida de coerción de imputados

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Jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero.

La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional se reservó el fallo de la medida de coerción de los imputados acusados de formar una red de trata de mujeres que la explotaba sexualmente, desmantelada mediante la operación Cattleya.

La magistrada Kenya Romero dará el fallo de la solicitud de coerción de los encartados, contra quienes el Ministerio Público pide prisión preventiva, el lunes a las 3:00 pm en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Imputados

Por este caso son procesados José Miguel Michel Guridis (Michel), Daniel Enrique Inirio Abreu (Daniel), José Alberto Soriano Rosario (Cirujano), quienes presuntamente son los líderes de la red; también Oscar Wicene, Melvin José Valentín Peguero, Cristina Virginia González Hernández, María Paula Murillo Vargas y el sargento Dionicio Mieses de la Cruz (Dionis).

Además, Louis Marie Nephtalie, Oliver Arnaud Lewinski y/o Timothy William Case Renee, Robert Lee Eleuterio Paniagua Díaz, Angélica Jhoana Quintero Niño, Marie Fokina Achille (Fior, Flor o Flores), Alejandro Arturo Batista Bustamante (el Gato), Carlos Jhonatan Walwyn Campusano Díaz (Carlos), Braulio Manuel Lugo, Zafiro Nataly Sánchez González y Engel Nefthali Vargas Soto (Ángel).

El proceso también involucra los hoteles Caribe y Oscar, del sector Gascue, del Distrito Nacional, y Coco Real, de Bávaro, Punta Cana. Contra los hoteles el Ministerio Público solicita que se ordene la clausura temporal.

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Expediente

El Ministerio Público puso en marcha el pasado 4 de agosto la operación Cattleya con decenas de allanamientos en el Distrito Nacional y Bávaro, producto de una amplia investigación iniciada hace nueve meses y con la que desarticula redes transnacionales dedicadas a la trata de personas con el fin de explotarlas sexualmente y con la que rescató a más de 80 mujeres víctimas de Suramérica.

En el transcurso de la investigación el Ministerio Público ha establecido que las víctimas eran sometidas a explotación sexual, al ofertarlas por distintas tarifas para provecho económico de la organización criminal

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